La ciberseguridad en el sector público abarca desde pequeñas oficinas de la administración local hasta grandes organismos nacionales y, a menudo, se basa en una combinación de sistemas antiguos y modernos. Cuando los servidores antiguos coexisten con tecnologías de reciente implementación, se da lugar a redes fragmentadas de visibilidad limitada y a importantes brechas de seguridad.
Los datos confidenciales se distribuyen entre servidores locales y múltiples entornos en la nube. El seguimiento de los accesos, la administración de configuraciones y la respuesta a las ciberamenazas se vuelven procesos lentos y propensos al error. O peor aún: los delincuentes informáticos aprovechan este tipo de caos. La defensa de estos entornos requiere una metodología de ciberseguridad unificada que conecte las aplicaciones antiguas con las modernas. Asimismo, implica adoptar herramientas capaces de monitorizar, proteger y responder en todos los sistemas y en tiempo real.
La infraestructura pública constituye la columna vertebral de la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos. Esta infraestructura es, cada vez más, digital. Un ciberataque bien dirigido podría dejar a oscuras una ciudad o inhabilitar los servicios de emergencia. Estos riesgos elevan la seguridad informática a un asunto de importancia nacional. Las administraciones públicas nacionales y locales necesitan algo más que cortafuegos y herramientas antivirus básicas. Precisan redes segmentadas para limitar la magnitud de los ataques y estrictos controles de acceso para prevenir las amenazas internas. Sin estas medidas, las amenazas digitales se convierten, con demasiada facilidad, en crisis del mundo real.
Los ciudadanos emplean constantemente los servicios públicos para multitud de trámites, desde pagar impuestos hasta acceder a la atención sanitaria, y comparten datos personales altamente sensibles con el gobierno y las agencias públicas. Proteger estos datos no es solo un requisito regulado por reglamentos como el RGPD y SRI2, sino también una responsabilidad fundamental de una institución que quiere ganarse la confianza de sus ciudadanos. Los organismos públicos y las autoridades locales deben implementar una sólida estrategia de seguridad informática para proteger la información confidencial de los ciudadanos. La implementación del cifrado de disco en los dispositivos empleados por el gobierno protege los datos confidenciales frente a accesos no autorizados. Esta medida no solo protege contra las amenazas digitales, sino que también mantiene la confianza pública y garantiza la continuidad de los servicios.
El ransomware es una amenaza cibernética cada vez más habitual y peligrosa. Cuando los ataques informáticos bloquean los sistemas gubernamentales o filtran datos confidenciales, las consecuencias son inmediatas y de gran calado. Desgraciadamente, muchas organizaciones públicas son un blanco fácil. Los presupuestos ajustados, los sistemas obsoletos y la alta visibilidad pública los convierten en víctimas ideales. Para contraatacar, estas agencias necesitan defensas por capas: copias de seguridad permanentes y continuas, herramientas de detección y aislamiento rápidas y políticas basadas en las buenas prácticas de ciberseguridad. La clave está en pasar de una respuesta reactiva a una resiliencia proactiva.
En una crisis informática, cada segundo cuenta. La diferencia entre un pequeño trastorno y una gran alteración radica a menudo en la rapidez y eficacia con que una agencia sea capaz de responder.
Por eso, las administraciones públicas necesitan disponer de planes sólidos de respuesta ante incidentes mucho antes de que algo vaya mal. Esto incluye manuales de procedimientos aprobados previamente para diferentes tipos de ciberataques, protocolos de comunicación claros y simulacros periódicos que recreen emergencias reales.
La adopción de la nube ha supuesto un cambio radical para la agilidad y la eficiencia de costes del sector público. No obstante, el paso a la nube y a entornos híbridos introduce nuevos puntos ciegos. Las configuraciones erróneas, los flujos de datos sin monitorizar y la shadow IT pueden dejar expuestos datos confidenciales de un momento a otro.
Para garantizar la seguridad ante este nuevo panorama, se requiere visibilidad, control y una imposición sistemática de las políticas. Las herramientas de gestión segura de las identidades y de monitorización en tiempo real ayudan a proteger estos entornos. Integrar la seguridad en la nube y on-premise bajo un mismo paraguas facilita la vida de los departamentos de informática al tiempo que mantiene los sistemas a salvo y de conformidad con las normativas.
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